COMENTARIOS A LA LEY 29/2005, DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

 

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Renato A. Landeira

LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM

 

La proximidad de un proceso electoral invita a un buen número de Administraciones públicas a realizar un gasto en publicidad institucional no lejos de resultar polémico, al menos para las fuerzas políticas opositoras. La ausencia de una legislación clara al respecto deja en la potestad discrecional de las diferentes Administraciones no solo el montante de la inversión, sino también al destinatario de esos fondos.

Con carácter nacional, es de aplicación la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional, siendo la primera vez que esta singular materia se regula a través de una ley estatal en toda la tradición jurídica española. En lo que respecta a la legislación comunitaria, existe una única Directiva (84/450/CEE, del Consejo, de 10 de septiembre de 1984), relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (modificada posteriormente por Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997).

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Historia

 

No existe un claro precedente de norma con rango legal y de ámbito estatal de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional, siendo por tanto esta, la primera vez que esta singular materia se regula a través de una ley estatal en toda la tradición jurídica española.

Se podrían citar como normas precursoras a algunos aspectos de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en especial su artículo 50.1.

«Los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente al proceso electoral de que se trate, suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña».

En lo que respecta a la legislación comunitaria, existe una única Directiva, la 84/450/CEE, del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, modificada posteriormente por Directiva 97/55/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997.

En la legislación autonómica sí existen precedentes. Tales fueron la derogada Ley 6/1996, de 26 de septiembre, de la Asamblea de Extremadura reguladora de la publicidad institucional; y las actuales vigentes: Cataluña (2000), Comunidad Valenciana (2003), Aragón (2003), Andalucía (2005), Asturias (2006), Canarias (2007), Castilla y León (2009), País Vasco (2010), Baleares (2010) y Extremadura (2013).

 

 

 

Legislación básica

 

Pero el problema viene en que la Ley 29/2005, en principio, limita su ámbito a la Administración General del Estado y entidades integrantes del sector público estatal (artículo 1). Sin embargo, su trascendental Disposición Final Segunda dispone que sus prohibiciones (artículo 4), tienen el carácter de «legislación básica» en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.18 CE; es decir, que será igualmente exigible, respecto a sus prohibiciones, a cualesquiera otras Administraciones públicas del Estado, como bien pudieran ser las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

Así, según sus ponentes, la ley procura, ampara y defiende la publicación de campañas de información de interés y utilidad general; para propiciar un cambio social, de hábitos o de actitud en la ciudadanía; de apoyo a sectores económicos españoles en el exterior, promoviendo la comercialización de productos españoles y atraer inversión extranjera; y campañas para obtener un fin comercial de servicios y productos públicos, tales como el Tesoro Público, Loterías, etc.

Por el contrario, la Ley rechaza lo siguiente: campañas de «autobombo» –así fueron definidas por el propio presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, destinadas a ensalzar la labor pública realizada por el Gobierno o por la Administración General del Estado; campañas que promueven un cambio de actitud de la ciudadanía con fines partidistas o políticos; campañas que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarias a los principios constitucionales o que inciten a la violencia; y campañas que no sean imprescindibles para salvaguardar el interés público o el correcto funcionamiento de los servicios públicos, una vez abierto el proceso electoral –esto atendiendo al artículo 50 de la Ley de Régimen Electoral General; al artículo 10 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional; e Instrucción Quinta de la SEC de 1 de marzo de 2007)−.

 

Cronología

 

30 marzo 1990. El diputado Antonio Fernández Teixidó (Grupo Mixto-CDC) pregunta al Gobierno por los criterios seguidos para la elección de los medios de comunicación idóneos en la difusión de la publicidad institucional.

23 abril 1990. El ministro Virgilio Zapatero responde a Fernández Teixidó que las empresas de capital de titularidad público se regirán por «propios criterios gerenciales que tengan por conveniente». Respecto a las campañas publicitarias de la Administración General del Estado, el ministro reconoce que «no existe ningún criterio fijado con carácter general», si bien los planes de inserción sí responden a «criterios estrictamente profesionales fijados en la mayor parte de los casos por las respectivas empresas publicitarias adjudicatarias».

11 febrero 1992. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta su proposición de ley reguladora de la publicidad procedente del sector público. Consta de una exposición de motivos, seis artículos, una disposición transitoria y dos finales.

13 febrero 1992. El diputado del CDS José Ramón Caso García, pregunta al Gobierno sobre la fecha prevista para la aprobación de un proyecto de ley que regule la publicidad institucional. El ministro responde literalmente: «No es intención del Gobierno elaborar un anteproyecto de ley sobre publicidad institucional».

23 septiembre 1992. El Pleno del Congreso de los Diputados debate la toma en consideración de la proposición de ley reguladora de la publicidad procedente del sector público presentada por el Grupo Popular, y es rechazada en votación.

28 mayo 1997. El Grupo Parlamentario Federal IU-IC presenta una Proposición de Ley sobre publicidad institucional.

9 junio 1997. La Mesa del Congreso admite a trámite la Proposición y la traslada al Gobierno.

18 mayo 1999. El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de la Proposición de Ley y en votación es rechazada.

27 mayo 2004. El Gobierno de España anuncia la próxima creación del Consejo Audiovisual. Entre sus cometidos está trabajar en una nueva ley de publicidad institucional «que ponga término a la confusión que a menudo se produce entre información institucional y progubernamental».

7 septiembre 2004. La Mesa de la Cámara admite a trámite la Proposición no de Ley sobre la publicidad institucional del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Dispone su conocimiento por la Comisión de Educación y Ciencia.

14 octubre 2004. El Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds retira su Proposición no de Ley sobre la publicidad institucional.

30 diciembre 2004. El Consejo de Ministros presenta una iniciativa  gubernamental para la creación de una futura ley de publicidad institucional. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, comienza una ronda de  conversaciones con representantes de las Comunidades Autónomas para presentarles el proyecto.

12 enero 2005. El portavoz de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, define el Anteproyecto de Ley como «claramente intervencionista» y que «amordaza» a las Comunidades Autónomas para impedir cualquier crítica que se pueda hacer al Gobierno central. A su juicio, la ley sería «inconstitucional» porque usa un «mecanismo perverso» al acogerse al artículo 149.1.18 de la CE y entender que la publicidad institucional es una parte de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. El Gobierno balear muestra también públicamente su rechazo al proyecto.

15 abril 2005. El Gobierno presenta su Proyecto de Ley sobre publicidad y comunicación institucional.

19 abril 2005. La Mesa de la Cámara aprueba encomendar la aprobación del Proyecto de Ley de publicidad y comunicación institucional a la Comisión Constitucional. Se establece un plazo de 15 días para enmiendas.

10 mayo 2005. La Mesa del Congreso amplía el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto hasta el día 17 de mayo del 2005.

17 de mayo 2005. La Mesa del Congreso amplía el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto hasta el día 24 de mayo del 2005.

24 mayo 2005. La Mesa del Congreso amplía el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto hasta el día 31 de mayo del 2005.

31 mayo 2005. La Mesa del Congreso amplía el plazo de presentación de enmiendas al articulado al Proyecto hasta el día 14 de junio del 2005.

21 junio 2005. Se publican en el BOCG las 75 enmiendas –tres de EAJ-PNV, dos del BNG, diez de ERC, una de IU-ICV, cuatro de CC-NC, nueve de CiU, 34 del Grupo Popular y 12 del Grupo Socialista−, presentadas al Proyecto de Ley.

20 septiembre 2005. El Pleno del Congreso acuerda la avocación del debate y votación final del Proyecto de Ley.

28 septiembre 2005. CC-NC mantiene la defensa de su enmienda número 18 ante el Pleno. EAJ-PNV emite un voto particular de supresión de la enmienda número 4 de IU-ICV.

29 septiembre 2005. Se emite informe final de la Ponencia sobre las enmiendas presentadas.

6 octubre 2005. Se publica el dictamen de la Comisión Constitucional.

20 octubre 2005. El Pleno del Congreso aprueba el Proyecto de Ley sin modificaciones respecto al texto del dictamen de la Comisión Constitucional.

25 octubre 2005. Se presenta el Proyecto de Ley ante el Senado. Se establece un plazo de enmiendas hasta el 7 de noviembre.

7 noviembre 2005. Se amplía el plazo de presentación de enmiendas hasta el 14 de noviembre.

28 noviembre 2005. La Comisión Constitucional del Senado emite un dictamen al Proyecto de Ley.

30 noviembre 2015. El senador socialista Lerma Blasco formula un voto particular al dictamen de la Comisión Constitucional. Se opone a siete enmiendas del GPP. El senador Bonet i Revés, de GPECP, formula un voto particular solicitando la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas 1 del grupo de senadores vascos, y siete del GPP.

14 diciembre 2005. El Pleno del Senado aprueba el dictamen de la Comisión Constitucional. Se publica el texto aprobado por el Senado.

19 diciembre 2005. El Senado presenta dos enmiendas: 1) Supresión del apartado 2 del artículo 3; y 2) Supresión de la Disposición final segunda.

22 diciembre 2005. El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba el Proyecto de Ley.

29 diciembre 2005. Se publica en el BOCG la aprobación de la ley de publicidad y comunicación institucional.

30 diciembre 2005. Se publica en el BOE la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional.

19 enero 2006. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional, entra en vigor.

 

Fueron sus ponentes los legisladores: BATET LAMAÑA, Meritxell; ELORRIAGA PISARIK, Gabriel; ESTEBAN BRAVO, Aitor; HERRERA TORRES, Joan; LASAGABASTER OLAZÁBAL, Begoña; MARDONES SEVILLA, Luis; SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, María Soraya; SÁENZ ROYO, Eva; TARDÀ I COMA, Joan; TORRES MORA, José Andrés; y XUCLÀ I COSTA, Jordi.

 

Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional. Su análisis

 

BOE de 30 de diciembre del 2005

 

Exposición de Motivos

 

Juan Carlos I, Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno funciones políticas y ejecutivas, un binomio que tiene su reflejo en toda acción de gobierno y que se proyecta, también, sobre la relación comunicativa que en un sistema democrático existe entre gobernantes y gobernados.

  • El artículo 97 CE establece: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes».

 

El Gobierno es, indudablemente, sujeto y objeto de información y valoración política; pero, en cuanto responsable último de la Administración General del Estado y en razón, precisamente, de la función ejecutiva que constitucionalmente se le encomienda, es emisor de una serie de mensajes dirigidos a los ciudadanos que se engloban bajo la denominación genérica de campañas institucionales de publicidad y de comunicación.

La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos.

  • Obsérvese cómo el legislador señala la doble esfera de comunicación de la acción gubernamental: la política y la ejecutiva. Únicamente en esta segunda es donde operará el contenido de esta ley. Para la esfera de la comunicación política, vid. ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y demás concordantes: ley 14/1995, de 22 de diciembre, de publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas terrestres; ley orgánica 2/1988, de 3 de mayo, de regulación de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada; et al.
  • «Los poderes públicos no sólo pueden sino que deben informar a los ciudadanos de los servicios públicos que prestan y de todos aquellos extremos que sean necesarios para que ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes. Ahora bien, esa actividad ha de ser puramente informativa, desprovista de todo matiz laudatorio de la acción de esos poderes o de sus titulares» Sentencia de 14 junio 2010, Tribunal Supremo. 
Para ello, se ordena la utilización de medios, soportes o formatos que, por un lado, aseguren el acceso a la información de las personas con discapacidad y, por otro, atendiendo a criterios objetivos, garanticen mejor la difusión de los mensajes. Asimismo, la Ley tiene como objetivos prioritarios garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación.
  • La Ley regula el contenido de los mensajes difundidos a través de campañas de publicidad y de comunicación, dispone garantías frente a aquellas que incumplan sus mandatos y establece mecanismos de planificación, coordinación y control de la actividad de publicidad y de comunicación institucional que desarrolla la Administración General del Estado.
  • La eficacia en la acción comunicativa de los poderes públicos en la sociedad contemporánea requiere, además, que aquellas soluciones que ya ha hecho suyas la sociedad de la información se habiliten como parte de los recursos informativos de las Administraciones públicas y se incorporen las técnicas que permiten difundir con eficiencia mensajes de interés para los ciudadanos y los colectivos en que se integran. El propósito de la Ley es que toda la información llegue a todos los ciudadanos.
  • Uno de los objetivos principales de la ley es el de fortalecer la transparencia de las campañas de publicidad y comunicación institucional del sector público. Para ello, la ley habilita fórmulas que den a conocer tanto las actividades que en la materia se prevean desarrollar como aquellas llevadas a cabo anualmente. En su virtud, el artículo 12 establece la obligatoriedad de que el Gobierno, a través de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional creada al efecto, elabore anualmente un plan de publicidad y comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades adscritas a ésta, y en el que se precisará su objetivo, coste previsible, período de ejecución, herramientas de comunicación utilizadas, sentido de los mensajes, destinatarios, organismos y entidades afectadas.

La utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve. Además, la Ley otorga prioridad a este objetivo ampliando el número de receptores potenciales incorporando previsiones tendentes a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y edad avanzada a los contenidos de la publicidad institucional que se realicen y difundan en soporte audiovisual y la pluralidad lingüística de las campañas.

El segundo objetivo pasa por profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

Con el tercer objetivo se fortalece la transparencia de las campañas, mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas las actividades de publicidad y de comunicación que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades que le están adscritas.

  • Como fruto de este objetivo nació la página web http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/CPCI/index.htm para facilitar el acceso a todos los ciudadanos al conocimiento tanto de la normativa vigente como de los Planes e Informes anuales de publicidad y comunicación institucional, así como a las creatividades audiovisuales de las campañas publicitarias más significativas.

Finalmente, el cuarto objetivo implica velar por la lealtad institucional; con este fin, se prohíben las campañas destinadas a denostar la actividad de otras Administraciones en el uso legítimo de sus competencias.

 

Se señalan por tanto, los cuatro objetivos prioritarios que ha de garantizar la Ley: (i) la utilidad pública de las campañas institucionales de publicidad y comunicación, (ii) la profesionalización, (iii) la transparencia y (iv) la lealtad institucional. Las garantías que la Ley establece para este cumplimiento aparecen reflejadas en su artículo 7.

 

Teniendo en cuenta la duración en que se desarrollan habitualmente las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, la eficacia de la garantía de los intereses y derechos de los ciudadanos precisa de un sistema ágil de control. Con este fin se articula un procedimiento administrativo de carácter especial y sumario que permite a los ciudadanos solicitar la cesación o la rectificación de la actividad contraria a las prohibiciones dispuestas por la Ley. Se atribuye a una Comisión de publicidad y comunicación institucional, adscrita al Ministerio de la Presidencia, la competencia para conocer de este tipo de solicitudes.

La realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación debe responder a los principios de eficacia, transparencia, austeridad y eficiencia, para lo cual se crean fórmulas orgánicas y de actuación administrativa que aseguren la coordinación entre los distintos departamentos ministeriales. Se ordena, en fin, la elaboración de un informe anual en el que se incluirán todas las campañas contratadas por la Administración General del Estado y la relación de los adjudicatarios de los contratos celebrados, que será remitido a las Cortes Generales.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley.

1. Esta Ley establece el régimen jurídico de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación promovidas o contratadas por la Administración General del Estado y por las demás entidades integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

  • Las entidades a que se refiere el citado artículo son la Administración General del Estado y sus organismos autónomos dependientes; las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella; las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados; las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.; las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de Fundaciones; las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas en los párrafos b y c de este apartado; y los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren los artículos 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado.

2. Esta Ley no será de aplicación a las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil que desarrollen los sujetos enumerados en el apartado anterior en el cumplimiento de los fines que les son propios.

3. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley todas las disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones públicas que deban publicarse o difundirse por mandato legal.

  • El Grupo Parlamentario Popular pretendió que la exigencia de transparencia, veracidad, lealtad institucional, etc., fuera también extensible a todas las publicaciones elaboradas, distribuidas o financiadas por la Administración General del Estado (Muface, Tráfico, etc.).

Artículo 2. Definición de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación.

A los efectos de esta Ley, se considerará:

  1.    Campaña institucional de publicidad, toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos enunciados en el artículo 1.
  2.    Campaña institucional de comunicación, la que, utilizando formas de comunicación distintas de las estrictamente publicitarias, sea contratada por alguno de los sujetos enunciados en el artículo 1 para difundir un mensaje u objetivo común a una pluralidad de destinatarios.
  • La redacción final de la definición de ambos términos fue la aportada por el Grupo Parlamentario Socialista.
  • La Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional da otra definición en conjunto de ambas: «La publicidad y comunicación institucional es la denominación genérica de los mensajes que el Gobierno dirige a los ciudadanos en el ejercicio de su función ejecutiva, en cuanto responsable último de la Administración General del Estado».
  • El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria abogaba por englobar ambos términos, publicidad y comunicación, bajo este 
segundo («campañas institucionales de comunicación»), tras una sesuda argumentación presentada en periodo de enmiendas.
  • El Grupo Parlamentario Catalán (CiU), abogaba por incluir una referencia explícita a las «relaciones públicas» a continuación de «campañas de comunicación institucionales», con el sentido de «mantener la coherencia con la base de existencia y legalidad de la mencionada profesión» Artículo 3. Requisitos de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación.
  • 1. Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos:
  1. Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales.
  2. Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.
  3. Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y consultas populares.
  4. Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general.
  5. Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo aconsejen.
  6. Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios.
  7. Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural.
  8. Apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la comercialización de productos españoles y atraer inversiones extranjeras.
  9. Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España.
  10. Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés 
social. 
3. Las campañas institucionales contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural presente en la sociedad.  Artículo 4. Prohibiciones. a. Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 1 de esta Ley.
  11. 1. No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación:
  12.  
  13. 4. Las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto.
  14. 2. Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias.
  • El discurso del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, en el Debate sobre el Estado de la Nación (11 de mayo de 2005) contiene una breve referencia al Proyecto de Ley: « (…) Con idéntico propósito hemos aprobado el Proyecto de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que prohibirá las campañas de autobombo y el favoritismo en la contratación de la publicidad institucional. Romperemos también, así, con uno de los peores hábitos recientes de una democracia, porque una democracia no es del todo sana, Señorías, si los Ministros se hacen publicidad con el dinero de los contribuyentes». De sus palabras se deduce que uno de los principales puntos de la Ley para sus autores radicaba en lo que hoy es el artículo 4.1.a), lo que Rodríguez Zapatero, calificaba como «campañas de autobombo».
  • El alcance de las prohibiciones señaladas en este artículo se restringían inicialmente a la Administración General del Estado. La ampliación de su ámbito de aplicación al resto de Administraciones se produjo en virtud de una enmienda presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Dicha enmienda consistía en añadir una nueva disposición final, que otorgase carácter básico al artículo 4, y se motivó por sus autores en los siguientes términos: «las prohibiciones contenidas en el artículo 4 obedecen a los principios de no utilización partidaria de los recursos públicos, de lealtad institucional y de respeto a los principios, valores y derechos constitucionales, principios que han de presidir el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de todas las Administraciones Públicas».
  • El informe de la Ponencia que examinó el Proyecto no aceptó esta enmienda, pero sí lo hizo el Dictamen de la Comisión Constitucional (6 de octubre de 2005). La aprobación del Proyecto de Ley en el Pleno del Congreso (20 de octubre de 2005), aceptó íntegramente el texto de la Comisión, por lo que se incluyó la polémica disposición final segunda. Más tarde, durante su debate en el Senado, una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del PNV propuso suprimir esa disposición, lo que fue aprobado en la votación celebrada por la Cámara Alta con el voto de aquel Grupo Parlamentario y el del Partido Popular. Sin embargo, finalmente, al volver el texto al Congreso de los Diputados, la votación definitiva (22 de diciembre de 2005), desestimó las enmiendas introducidas en el Senado, y aprobó el texto definitivo de la Ley tal como se había aprobado en la primera votación en el Pleno de la Cámara Baja, es decir otorgando carácter básico al artículo 4. Quedó de esta manera consumada la transformación de una norma auto organizativa solo aplicable a la Administración General del Estado en una norma básica, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas.
  • Cabe preguntarse si se han visto afectadas por ese carácter básico del artículo 4 algunas de las precedentes leyes autonómicas reguladoras de la publicidad institucional. La respuesta ha de ser afirmativa, al menos en cuatro casos:

1) La Ley catalana 18/2000, de 29 de diciembre, artículo 3.2.d), señala que «…la publicidad institucional tiene por objeto informar de las actividades o proyectos llevados a cabo por la Administración Pública en el ámbito de sus atribuciones o competencias».

2) La Ley aragonesa 16/2003, de 24 de marzo, artículo 3.2.b), indica que «la publicidad institucional está al servicio de los ciudadanos, y debe cumplir los siguientes objetivos…informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las instituciones públicas; sobre las actividades y proyectos ejecutados, y sobre los servicios prestados por cada Administración Pública en el ámbito de sus atribuciones y competencias».

3) La Ley valenciana 7/2003, artículo 2.1.a), indica que «a efectos de la presente Ley se entenderá por publicidad institucional la que realicen las instituciones, administraciones públicas y demás entes públicos de la Comunidad Valenciana (…) a través de campañas destinadas a alguno de los siguientes fines (…) la difusión de las actividades, proyectos y resultados de la administración anunciante».

4) La Ley andaluza 6/2005, de 8 de abril, artículo 3.i), que « (…) se entiende como actividad publicitaria de las Administraciones Públicas la dirigida a informar, con carácter general, sobre los proyectos y resultados en la gestión pública».

 

  • La primera conclusión que salta a la vista con la lectura de esas normas es que, sea cual fuere el signo político del partido político en el poder, en todas las leyes autonómicas reguladoras de la publicidad institucional, se admitía la exhibición de los resultados o logros de gestión obtenidos; tanto en las gobernadas por el PSOE (caso de Andalucía o Aragón), o por el Partido Popular (caso de la Comunidad Valenciana) o por Convergencia i Unió (caso de Cataluña). Y la segunda conclusión deducible es que estas normas autonómicas se han visto sorpresivamente afectadas por una norma estatal a la que se ha investido de carácter básico solo al final de su elaboración, y de una manera harto discutible. No obstante, mientras dicho carácter básico no sea impugnado ante el Tribunal Constitucional por alguno de los Gobiernos autonómicos afectados, y recaiga, en su caso, la correspondiente sentencia, no hay más salida jurídica que acatarla.

b. Que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias.

  • Se refiere este punto al cuarto de los objetivos prioritarios señalados en su exposición de motivos: la lealtad institucional.

 

 

c. Que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, valores y derechos constitucionales.

d. Que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.

2. Los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social.

3. No se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la Administración o entidad promotora o contratante.

  • Se trata de una aportación por enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Su motivación fue que «con este nuevo apartado se asegura la correcta identificación del carácter institucional de las campañas y del autor de las mismas, acogiendo así el llamado principio de autenticidad en la comunicación publicitaria».

Artículo 5. Accesibilidad a las campañas institucionales de publicidad y de comunicación.

Se procurará el más completo acceso a la información a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

 

Artículo 6. Fomento de soportes respetuosos con el medio ambiente.

Se otorgará preferencia a los soportes que, sin merma de la eficacia de la campaña, sean más respetuosos con el medio ambiente.

  • El inciso «…más respetuosos con el medio ambiente» fue añadido a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

 

Artículo 7. Garantías.

1. Sin perjuicio de las vías de recurso previstas en el ordenamiento, cualquier persona física o jurídica afectada en sus derechos o intereses legítimos podrá solicitar la cesación inmediata o la rectificación de aquellas campañas que incurran en alguna de las prohibiciones contenidas en esta Ley.

 

Podrán además solicitarlo, sin necesidad de acreditar un derecho o interés legítimo, aquellas entidades jurídicas que tengan por objeto o finalidad velar por el respeto de los valores y principios consagrados por esta Ley.

2. Los interesados podrán solicitar la cesación o rectificación ante la Comisión de publicidad y comunicación institucional por razón de la infracción de los artículos 3.2y 4. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria. La rectificación podrá solicitarse desde el inicio de la actividad publicitaria hasta siete días después de finalizada la misma.

3. La Comisión de publicidad y comunicación institucional resolverá en un plazo máximo de seis días. Su resolución, que será ejecutiva, pondrá fin a la vía administrativa. Si la resolución estimara la solicitud de cesación, el órgano anunciante procederá inmediatamente a dicha cesación. Si la resolución estimara una solicitud de rectificación, el órgano anunciante deberá proceder a la rectificación dentro de los siete días siguientes de dictada dicha resolución.

4. Como medida cautelar, a petición del interesado, la Comisión podrá ordenar la suspensión provisional de la campaña, siempre que se aprecien indicios de infracción manifiesta de los artículos 3.2 y 4. El plazo máximo para resolver la suspensión provisional será de tres días.

5. Durante el curso del procedimiento, la Comisión de publicidad y comunicación institucional podrá recabar de las entidades afectadas cuanta información estime necesaria para su resolución.

 

 

Artículo 8. Contratos.

1. Los contratos vinculados a las campañas reguladas por esta Ley se adjudicarán con arreglo a su normativa aplicable, respetando estrictamente los principios de publicidad y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios objetivos tales como el coste económico y la eficacia prevista del plan de medios. Estos mismos criterios objetivos deberán ser observados por los contratistas en los supuestos de subcontratación.

  • El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) pretendía incluir en este apartado una implícita referencia a la calidad de los contenidos creativos, o al menos que estos respetasen los principios y prohibiciones contenidas en la presente Ley. Su justificación se basaba en que «parece que lo más importante de una campaña es la eficacia del plan de medios (coste económico), cuando en realidad es que es tan importante como el contenido creativo de la campaña».

2. El Consejo de Ministros aprobará, previo dictamen del Consejo de Estado, los pliegos de cláusulas generales para las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de la Administración General del Estado y demás entidades estatales afectadas por esta Ley.

Artículo 9. Lenguas.

En las campañas institucionales se empleará el castellano y, además, atendiendo al ámbito territorial de difusión, las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas respetándose la legislación de la respectiva comunidad autónoma sobre uso de lenguas oficiales.

Si fuera necesario, por razón de la finalidad de dichas actividades o su ámbito de difusión, se podrán utilizar lenguas extranjeras.

  • El inciso «y, además, atendiendo al ámbito territorial de difusión, las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas» fue enmendado por el Grupo Parlamentario Vasco como garantía de la pluralidad lingüística de las campañas de publicidad y de comunicación institucional, que se recoge en la exposición de motivos del texto legal.
  • CiU pretendía añadir en este apartado que en las CC.AA. con lengua cooficial, la campaña de publicidad empleara la lengua utilizada por el medio de comunicación. « No tiene sentido que un medio de comunicación que tiene como lengua vehicular una lengua cooficial distinta del castellano, inserte actividades de comunicación e información en una lengua ajena a la suya propia».

 

 

 

 

 

Artículo 10. Procesos electorales y de referéndum.

Las campañas institucionales reguladas en esta Ley y realizadas durante un proceso electoral o de referéndum se sujetarán, además, a la normativa especial prevista en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los poderes públicos y las entidades a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se abstendrán de realizar campañas institucionales en período electoral, entendiendo por tal el lapso temporal comprendido entre la convocatoria de elecciones y el día mismo de la votación, con las siguientes excepciones:

  1. Las expresamente previstas en la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del censo electoral o las demás previstas en el artículo 50.1 de la LOREG.
  2. Las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.
  • El párrafo segundo de este artículo fue a propuesta de Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Su justificación se basó en «dar rango de ley a la doctrina reiterada por la Junta Electoral Central en lo relativo a los límites de las campañas institucionales en período electoral, recogida en la instrucción del 13 de junio de 1999 de dicha Junta Electoral».

CAPÍTULO II

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PUBLICIDAD Y DE COMUNICACIÓN

Artículo 11. Comisión de publicidad y de comunicación institucional.

Para la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y de comunicación de la Administración General del Estado se crea la Comisión de publicidad y comunicación institucional.

  • La Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional se constituye formalmente el día 28 de noviembre de 2006. La Comisión queda configurada como un órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, y se estructura en tres órganos: el Pleno de la Comisión, la Comisión Ejecutiva y el Comité de Recursos (vid. artículo 11 párrafo 3 de la Ley). Su composición, organización y funcionamiento aparecen regulados en el Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la elaboración del Plan y la Comisión de publicidad y comunicación
  • Forman parte del Pleno de la Comisión: Presidenta: Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
  • Presidencia; Vicepresidenta 1a: Presidenta Comisión Ejecutiva: Secretaria de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia; Vicepresidente 2º Presidente Comité de Recursos: Subsecretario del Ministerio de la Presidencia; Vocales (15): Subsecretarios de cada Ministerio (12), titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia; Titular de la Dirección General de Comunicación del Ministerio de la Presidencia; y un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia. Existen también dos órganos más: la Comisión Ejecutiva (nueve miembros) y el Comité de Recursos (siete miembros).
  • Esta Comisión de Publicidad, asimismo, velará por la consecución del objetivo relativo a la «transparencia» de la Administración General del Estado en materia de publicidad y comunicación institucional. Así, la Ley 29/2005 incorpora instrumentos de control previo sobre el contenido específico de las campañas de publicidad y comunicación institucional y, de esta forma, encomienda a la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional la elaboración de un Plan anual (vid. Artículo 12), que será aprobado por el Consejo de Ministros durante el mes de enero de cada ejercicio, y en el que se incluirán todas las campañas institucionales que prevea desarrollar la Administración General del Estado.
  • CiU pretendió, a través de enmienda, incorporar a representantes de las asociaciones del sector de la publicidad en esta Comisión. Su justificación fue que «ampliaría la transparencia en su funcionamiento, permitiría a las empresas publicitarias conocer de forma más directa la planificación anual y dotaría a la Comisión de expertos en el ámbito de la comunicación publicitaria».
  • El rango mínimo de Subdirector General fue aprobado a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, quien también pretendió, sin éxito, la entrada de un representante del Instituto Nacional de Consumo. 
En el seno de la Comisión se creará un Comité de recursos encargado de resolver las reclamaciones a que se refiere el artículo 7.
  • La Comisión, adscrita al Ministerio de la Presidencia, incluirá representantes de todos los departamentos ministeriales con rango, al menos, de Subdirector General. Asimismo, podrán integrarse en ella representantes de las entidades públicas enumeradas en los párrafos b a h del artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los términos y supuestos que reglamentariamente se determinen.
  • Este párrafo fue incluido a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Su composición legal varía sensiblemente de la propuesta original del Grupo Popular. Lo forman: el vicepresidente segundo de la Comisión, subsecretario del Ministerio de la Presidencia (Presidente del Comité de Recursos), el secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia (Vicepresidente), la directora general de Comunicación del Ministerio de la Presidencia (Vicepresidenta), el secretario general técnico del Ministerio de Justicia (vocal), subdirector general de Atención al Ciudadano del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (vocal), la subdirectora general de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (vocal), y el secretario general técnico del Ministerio de Defensa (vocal).

Reglamentariamente se determinará la composición, organización y funcionamiento de la Comisión.

  • Este artículo garantiza el objetivo primordial de la Ley respecto a su deber de «profesionalizar» la planificación, ejecución y evaluación de las campañas.
  • Vid. Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la elaboración del Plan y la Comisión de publicidad y comunicación institucional.

Artículo 12. Plan anual de publicidad y comunicación institucional.

La Comisión de publicidad y comunicación institucional elaborará anualmente, a partir de las propuestas recibidas de todos los ministerios, un plan de publicidad y comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades adscritas a ésta.

En el plan se especificarán, al menos, las indicaciones necesarias sobre el objetivo de cada campaña, el coste previsible, el periodo de ejecución, las herramientas de comunicación utilizadas, el sentido de los mensajes, sus destinatarios y los organismos y entidades afectadas.

El Plan anual de publicidad y comunicación institucional será aprobado por el Consejo de Ministros.

  • Los planes aprobados (2007 a 2012) están disponibles en la siguiente dirección: http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/CPCI/PlanesEInf ormes.htm
  • Vid. Artículo 5.1.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por el que se atribuye al Consejo de Ministros la aprobación del Plan anual de publicidad y comunicación institucional. 
Artículo 13. Campañas no previstas en el plan anual. Estas campañas deberán ajustarse en todos los casos a lo dispuesto en la presente Ley. El Gobierno elaborará un informe anual de publicidad y de comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales previstas en esta Ley, su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y, en el caso de las campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes.
  • Artículo 14. Informe anual de publicidad y comunicación.
  • Excepcionalmente y cuando, por motivos sobrevenidos, deban realizarse campañas institucionales de publicidad y de comunicación no previstas en el Plan anual de publicidad y comunicación institucional, la entidad que promueva o controle la campaña lo comunicará en los términos que reglamentariamente se determinen, a la Comisión de publicidad y comunicación institucional.
  • Su redacción definitiva se debe a CiU que propuso sustituir un concreto Ministerio o Secretaría de Estado por Gobierno, que es el órgano competente.

Este informe se remitirá a las Cortes Generales en el primer periodo de sesiones de cada año y será puesto a disposición de todas las organizaciones profesionales del sector.

 

  • Actualmente existen los informes de los años 2006 a 2011, además de dos informes sobre evolución de la inversión en publicidad y comunicación y herramientas de comunicación. Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/CPCI/PlanesEInf ormes.htm

 

Artículo 15. Imagen institucional de la Administración General del Estado.

Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se adaptarán a las disposiciones reguladoras de la imagen institucional de la Administración General del Estado que les sean de aplicación.

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

En la elaboración de los pliegos de cláusulas generales para las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se dará audiencia preceptiva a las asociaciones de los sectores afectados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno dictará en el plazo de seis meses las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo de esta Ley.

En su elaboración se dará audiencia al Consejo Nacional de la Discapacidad.

  • Recordemos que la única norma reglamentaria de la Ley es el Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional y la elaboración del Plan anual de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado (BOE de 7 de septiembre de 2006).

 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

El artículo 4 de esta Ley tiene el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

  • Esta disposición surgió a propuesta del Grupo Parlamentario de IU-IU-IC-V. Su motivación fue que «las prohibiciones contenidas en el artículo 4 obedecen a los principios de no utilización partidaria de los recursos públicos, de lealtad institucional y de respeto a los principios, valores y derechos constitucionales, principios que han de presidir el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de todas las Administraciones Públicas».
  • Este precepto constitucional reserva en exclusiva al Estado, entre otras materias, las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que garanticen a los administrados un tratamiento común ante ellas. Esta disposición final segunda fue uno de los aspectos más discutidos en sede parlamentaria durante la tramitación de la Ley, en la que podemos destacar los siguientes hitos. En un principio, el Anteproyecto de Ley elaborado por el Gobierno carecía de esa disposición final segunda que otorga carácter básico al artículo 4. Así, el informe presentado ante el Consejo de Ministros (1 abril 2005) destacaba que esa norma «obligará solamente a la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos (…)». El Proyecto de Ley se aprobó en el Consejo de Ministros (15 abril 2005), y tal como se publicó en el BOCG (22 abril 2005), carece de cualquier disposición que otorgue carácter básico a alguno de sus artículos, por lo que se trataba originariamente de una norma de auto organización de la Administración General del Estado.
  • ¿Qué alcance tiene la ley cuando se aplica a una Comunidad Autónoma, con propia legislación sobre la materia? Podría pensarse que, en tal caso, su ámbito subjetivo sigue siendo la Administración General del Estado y que, en consecuencia, veda no cualquier actividad elogiosa que el Gobierno Autonómico haga de su propia actuación, sino la que pretenda hacer de la actuación de aquella Administración General del Estado. El Tribunal Supremo (Sentencia de 14 de junio del 2010), ha expresado que «a nuestro entender, no cabe esta interpretación, que se aparta absolutamente de la finalidad que persiguió el legislador al establecer esa prohibición y extenderla, mediante la atribución de carácter básico al precepto, a las Comunidades Autónomas».
  • Vid. Art. 4.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 29 de diciembre de 2005.
- Juan Carlos R. -
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

 

 

 

 

 

 

Jurisprudencia de interés

Existe un único precedente jurisprudencial sobre el asunto, y es el referido a la campaña ‘1.000 días de gobierno’, puesta en marcha por el primer Gobierno tripartito de Pasqual Maragall al frente de la Generalitat de Cataluña, poco antes de las elecciones autonómicas del 1 de noviembre del 2006. La campaña destacaba los éxitos conseguidos por el Gobierno tripartito a lo largo de la legislatura 2003-2006.

Llevado el asunto ante los tribunales por el principal partido en la oposición, CiU, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –TSJC−, dictó sentencia estimatoria del demandante.

En recurso del Gobierno autonómico, el TSJC lo desestimó y declaró en su sentencia (8 julio 2009), nuevamente «no ajustada a Derecho» la campaña, y anulando su actuación.

El Gobierno autonómico anuncia recurso de casación (29 julio 2009) ante la sentencia que habría de ser valorado por la Sala Tercera de lo contencioso- administrativo del Tribunal Supremo –Sección 8a−, quien finalmente en su sentencia de 14 junio 2010 falló no haber lugar al recurso impuesto por el Gobierno catalán.

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