OPORTUNIDADES EN CUBA PARA INGENIERÍAS Y SECTOR TECNOLÓGICO

OPORTUNIDADES EN CUBA PARA INGENIERÍAS Y SECTOR TECNOLÓGICO

 

José María Viñals Camallonga – Director Operaciones Internacionales

Renato A. Landeira – Abogado asociado senior

 

Madrid, 10 de julio de 2017.- La República de Cuba está inmersa en el desarrollo de un modelo económico socialista sustentable que concibe la inversión extranjera como una fuente de desarrollo económico para el país a corto, medio y largo plazo que incentive el desarrollo de proyectos integrales generadores de encadenamientos productivos en la búsqueda de eficiencia colectiva. Las inversiones extranjeras están altamente protegidas tanto por las leyes cubanas como por diferentes tratados internacionales y gozan de todas las garantías y seguridad jurídica para el desarrollo de sus actividades.

El Gobierno cubano ha definido su política sectorial del área de ingenierías y sector tecnológico –que incluye, entre otros, la sideromecánica, petróleo y gas, fuentes renovables de energía, reciclaje, industria ligera, química, minería, electrónica, hidráulica, telecomunicaciones y audiovisual-, promoviendo proyectos que modernicen la tecnología existente y los procesos productivos deficientes con el objeto de cubrir la demanda interna, sustituir importaciones y generar exportaciones. Con este objetivo se han priorizado inversiones en producción de envases de aluminio y vidrio, conservas y medicamentos, envases de hojalata, estructuras metálicas, papel, baterías de automóvil, industrial del plástico, así como variadas producciones destinadas a bienes de consumo para la población.

Así, las oportunidades para las ingenierías extranjeras en la República de Cuba se dirigen hacia dos sectores: (i) empresas extranjeras, empresas mixtas, entidades extranjeras beneficiarias de un contrato de asociación económica internacional –todos ellos considerados legalmente como ‘inversionista extranjero’-, y concesionarios administrativos[1] que necesitan de los servicios externos de ingenierías para el desarrollo de sus inversiones en Cuba en calidad de proyectistas atendiendo al Reglamento del Proceso Inversionista; o bien (ii) a través de alguna de las modalidades de inversión extranjera directa, como se verá.

En relación al primer sector de oportunidades, el proceso inversionista cubano expresa que los inversionistas extranjeros deberán adquirir con preferencia en el mercado nacional cubano aquellos bienes y servicios ofrecidos en iguales condiciones de calidad, precios y plazos de entrega a las del mercado internacional. Por lo tanto, el proveedor de servicios de ingeniería y tecnológicos extranjero tendrá un carácter subsidiario frente al proveedor local, y solo cuando este último no pueda ofertar los servicios en las condiciones anteriormente señaladas, el inversor extranjero tendrá la oportunidad de optar a ello.

Licencia para operar en Cuba. Las empresas de ingeniería no cubanas interesadas en operar en el país en calidad de ‘proyectistas’, que son aquellos autorizados para prestar servicios de arquitectura, ingeniería y otros proyectos al inversionista, deberán estar previamente inscritos en el Registro Nacional de Constructores, Proyectistas y Consultores de la República de Cuba[2], adscrito al Ministerio de la Construcción.

 

1. Modalidades de inversión

 

La inversión extranjera en Cuba adopta dos modalidades: a través de: (i) la inversión directa; o de (ii) la inversión en acciones u otros títulos-valor. A través de la primera y como se verá, los procesos de adjudicación de oportunidades pueden ofertarse a través de: (i) procedimientos negociados, (ii) licitaciones, o (iii) adjudicaciones directas.

Dentro de la inversión directa, existen tres modalidades principales: (i) la empresa mixta; (ii) el contrato de asociación económica internacional; y (iii) la empresa de capital totalmente extranjero. Formalmente, la Constitución de la República de Cuba y la vigente Ley de la Inversión Extranjera (LIE) consideran a estas tres modalidades como “otras formas de propiedad”, diferenciándolas así de la propiedad estatal. Así, aunque existan aperturas a las inversiones extranjeras y muchas e interesantes opciones de invertir con capital extranjero en Cuba, el papel preponderante dentro de la economía cubana lo tiene la llamada ‘empresa estatal socialista’. Estas son entidades que reciben asignaciones financieras gubernamentales para realizar producciones o brindar servicios fundamentales para todo el país, y su financiamiento proviene del presupuesto central del Estado. Además de estas, existen las ‘sociedades mercantiles de capital totalmente cubano’, que son una variante de empresa estatal. Algunas de ellas, a su vez, se convirtieron en holdings, que detentan las acciones de otras empresas dentro y fuera de Cuba, y son copropietarias de empresas mixtas creadas con la participación de capital extranjero. Tanto unas como otras empresas, con frecuencia ofertan licitaciones y contratos públicos a ingenierías foráneas para actualizar y modernizar su sistema productivo.

 

La Ley de la Inversión Extranjera (LIE) define a cada una de aquellas tres principales modalidades de la siguiente forma:

1) Empresa mixta: Compañía mercantil cubana que adopta la forma de sociedad anónima por acciones nominativas en la que participan como accionistas uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros.

Aunque no es habitual, la LIE contempla que una empresa mixta pueda ser constituida por más de dos personas.

2) Contrato de asociación económica internacional: Acuerdo entre uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros para realizar actos propios de una asociación económica internacional sin constituir persona jurídica distinta a las partes.

Para la creación de una asociación económica internacional, el inversionista nacional debe negociar con el inversionista extranjero cada aspecto de la inversión, incluida su factibilidad económica, los aportes respectivos, según corresponda, la forma de dirección y administración que tiene dicha asociación, así como los documentos jurídicos para su formalización. Esta modalidad es la habitual en contratos de, entre otros, la exploración a riesgo de recursos naturales no renovables, la construcción, la producción agrícola, la administración hotelera, productiva, de servicios o la prestación de servicios profesionales –auditorías, servicios contables y financieros, mercadotecnia, intermediación de seguros y otros-.

3) Empresa de capital totalmente extranjero: Entidad mercantil con capital extranjero sin la concurrencia de ningún inversionista nacional o persona natural con capital extranjero.

En este modelo, el inversionista extranjero ejerce la dirección de la misma, disfruta de todos los derechos y responde por todas las obligaciones. El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) indica al inversionista la entidad cubana responsable de la rama, subrama o de la actividad económica en la que pretende realizar su inversión, con la que debe analizar su proposición y obtener la correspondiente aprobación por escrito.

Las empresas de capital totalmente extranjero están diseñadas principalmente para la ejecución de inversiones de especial complejidad industrial, a través de contratos especiales llave en mano como son el contrato de ingeniería, procura y construcción (IPC), contrato de ingeniería, procura y dirección de la construcción (IPCM), contrato de construcción, propiedad, operación y transferencia (BOOT), y contrato de construcción, transferencia y operación (BTO).

Al margen de estas tres modalidades principales, también existen en Cuba otras modalidades de inversión, como son el contrato de administración productiva (CAP) –destinado principalmente a la actualización de tecnología de producción agrícola, ganadera y maricultura-, el contrato de administración y comercialización hotelera –destinado a la explotación de instalaciones turísticas-, y el contrato de administración de servicios con financiamiento –destinado al sector turístico-.

 

2. Licitaciones y contratos públicos

 

Con carácter previo, es necesario advertir que no existe una ley cubana ad hoc sobre licitaciones y contratos públicos con inversores extranjeros. Así, son de aplicación diferentes artículos del Decreto nº 327/2014 Reglamento del Proceso Inversionista, legislación que en lo que afecta a las modalidades de inversión extranjera, se aplicará tanto con carácter subsidiario de las normas que rigen dichos procesos como en las precisiones que el citado Decreto explícitamente contempla para las modalidades de inversión extranjera. También el propio Decreto nº 327 determina que para los procesos de licitación con empresas extranjeras se estará a su normativa especial, que a día de hoy no existe. En esta ausencia, determinadas entidades cubanas han desarrollado licitaciones y concursos de ofertas en base a legislaciones foráneas, fundamentalmente la española.

Métodos de selección. El Decreto 327/2014 señala tres métodos de selección en el proceso inversionista: (i) el procedimiento negociado, (ii) la licitación, y (iii) la adjudicación directa.

 

(i) Procedimiento negociado. Es aquel en el que se realiza una convocatoria restringida para la proposición de ofertas, que luego el inversionista-licitante selecciona discrecionalmente, y puede negociar las condiciones del contrato sin necesidad de hacer pública su decisión.

 

(ii) Licitación. La normativa cubana contempla que las licitaciones pueden ser abiertas o restringidas. Serán abiertas cuando se invita a presentar ofertas a un número indeterminado de potenciales interesados; y restringidas cuando se convoca individualmente a determinadas personas para que presenten ofertas. En ambos procesos, el inversionista-licitante deberá garantizar en su oferta los principios de  transparencia e igualdad. En la licitación abierta se debe garantizar además, el principio de publicidad, el cual garantiza que tanto la convocatoria como el pliego de licitación sean divulgados por cualquiera de los medios públicos de comunicación. Otros principios que también regulan los procesos de licitación son los de concurrencia, competencia u oposición, claridad de las reglas, economía, imparcialidad, justicia e impugnabilidad.

Los principios evaluadores de las licitaciones se habrán de basar en las mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso racional del agua, protección del medio ambiente y cualesquiera otra vinculante atendiendo a la naturaleza de la licitación.

El pliego de licitación deberá incluir la siguiente documentación: (i) objeto de la licitación, con expresión de las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir; (ii) identificación del inversionista-licitante; (iii) lugar donde se puede acceder a la documentación; (iv) condiciones específicas de la licitación; (v) plazo de duración; (vi) lugar y fecha de entrega de ofertas; (vii) lugar, fecha y hora en que se realiza ante notario público la apertura de las ofertas presentadas en sobre cerrado; y (viii) lugar, fecha y hora en el que se hace público el informe de la comisión evaluadora, formada por un número impar de miembros –entre cinco y nueve-, en el que están representadas las áreas técnicas, económicas, financieras y jurídicas del inversionista-licitante. El informe de evaluación deberá contener: (i) los nombres y firmas de los miembros de la comisión; (ii) el objeto de la licitación; (iii) la identificación de los ofertantes; (iv) los criterios de selección; (v) los resultados cuantitativos de la selección y su razonamiento; (vi) lugar, fecha y hora de la redacción del informe; y (vii) los votos particulares de sus miembros, en su caso.

Una vez hecho público el informe de la comisión, cualquier ofertante podrá solicitar aclaraciones al mismo dentro de los tres días hábiles a partir de su notificación, y la comisión deberá dar respuesta aclaratoria dentro del plazo de cinco días desde la recepción de dicha solicitud. Por otra parte, los ofertantes no seleccionados tienen derecho a presentar, en el plazo de cinco días, recurso de reforma ante la propia comisión, quien deberá responder dentro del plazo de diez días. Si dicho recurso fuese estimado, la comisión citará nuevamente a los participantes para, en un único acto, dar a conocer la nueva decisión. En el supuesto de que el recurso sea desestimado, el ofertante deberá emprender, en su caso, un proceso judicial ante la jurisdicción civil cubana, competente para conocer de las cuestiones que se susciten entre personas naturales o jurídicas extranjeras con representación o domicilio en Cuba, siempre que la litis no verse sobre bienes situados fuera de Cuba, o bien en el supuesto de acuerdo o convenio arbitral de sumisión al mismo expresado en el pliego de licitación, a la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional o cualquier otro tribunal arbitral que haya sido expresado en el pliego.

 

(iii) Adjudicación directa. El Decreto nº 327 del Reglamento del Proceso Inversionista recoge que el método de adjudicación directa será excepcional, y se podrá emplear siempre y cuando se conozca y asegure de forma comprobada la calidad técnica, el precio competitivo y la confiabilidad del proveedor de productos o servicios reconocidos.

El procedimiento de adjudicación directa está recogido en el Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera y es como sigue: (i) se habrá de presentar una solicitud de inversión ante el Ministerio del Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera (MINCEX), que deberá acompañarse de la documentación sobre el inversor requerida en el propio Reglamento; (ii) las solicitudes admitidas por el MINCEX se remiten en consulta a la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, quien la evalúa en un plazo de quince días; (iii) la Comisión podrá solicitar modificaciones, que serán comunicadas al solicitante para su corrección en un plazo no mayor de siete días naturales; (iv) una vez cumplidos los trámites, el MINCEX presenta a la autoridad competente –Consejo de Ministros o Consejo de Estado-, el expediente formado al efecto, con su evaluación, para que adopte la decisión correspondiente; y (v) el MINCEX notifica al solicitante la decisión respecto a la aprobación o denegación de la solicitud interesada y emite, en los casos de otorgamiento de documentos constitutivos o su modificación, copia certificada del mismo.

 

4. Oportunidades de inversión directa en proyectos de ingeniería y sectores tecnológicos

a) Petróleo y gas

En las últimas décadas, la extracción en Cuba de petróleo crudo y gas natural ha ido creciendo debido a programas gubernamentales que contaron con explotaciones conjuntas realizadas con compañías extranjeras de Canadá, Francia, Brasil, Suecia y España. En este particular, cabe señalar las limitaciones de aquellas compañías consideradas como U.S. Persons. Dichas compañías necesitarán la autorización previa de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), y los equipos no pueden tener más de un 25% de tecnología y/o componentes estadounidenses.

La economía cubana tiene una importante dependencia del petróleo –se importa el 53% de sus necesidades y se producen cuatro millones de toneladas al año, y el 96% de la generación de electricidad proviene del petróleo. Al ser insuficiente la producción nacional, depende de importaciones para garantizar su desarrollo económico y social. A esto se le suma la fuerte dependencia de la subvención energética estatal. Según fuentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), una sola familia en Cuba consume como promedio 180 kWh/mes, y paga 36 pesos cubanos (CUPs) -al cambio 1,23 euros-. Sin embargo, el proceso de generación energética es seis veces más costoso para el Estado, siendo además el sector residencial el mayor consumidor de energía eléctrica en Cuba. Los planes de la República de Cuba pasan por reducir su dependencia del crudo del 48,35% actual al 32% en 2030; del 15% al 5 % su fuel en centrales térmicas; del 18% al 9 en fuel en motores; y del 4,2 actual al 1% en diesel. Por el contrario, se espera pasar del 0,1% al 5% en producción de energía eólica; y del 3,5 al 14% en biomasa.

Cuba cuenta con reservas geológicas en el orden de los 6.000 millones de barriles de petróleo y prácticamente todo el territorio cubano –unos 100.000 km2-, es susceptible de exploración petrolera, además de los yacimientos localizados en aguas someras y profundas. La mayor parte de los yacimientos son de petróleo extrapesado, si bien existen también reservas de petróleo ligero, mediano y muy ligero. Cuba dispone de trece empresas comercializadoras, tres empresas de producción de petróleo, cuatro refinerías –Ñico López, en La Habana, antigua Shell; Hermanos Díaz, en Santiago de Cuba; Camilo Cienfuegos, empresa mixta con la venezolana Cuvenpetropol,; y Sergio Soto, en Cabaiguán-, y dieciséis empresas de servicios diversos en el sector, con 24.000 trabajadores altamente especializados, buena parte de ellos en centros de estudios de Canadá (NAIT), México (NORIA y TEXIMPET), Venezuela (PDVSA y AIVEPET), Brasil (PETROBRAS), China (CPTDC) y Noruega (PETRAD).

Actualmente existe en Cuba una explotación continua de gas y petróleo de unos cuatro millones de toneladas anuales, de los que tres son petroleras -19 millones de barriles-, y uno gasístico, con 100 millones de metros cúbicos de gas natural al año. El MINCEX propone al inversor extranjero la recuperación secundaria en yacimientos en explotación que con métodos convencionales no es posible extraer, en las provincias de Mayabeque y Matanzas. Todos ellos se formalizarían a través de contratos de asociación económica internacional en su variante de contratos de exploración a riesgo y producción compartida, y de recuperación secundaria, en su caso. También Cuba plantea oportunidades en el gas natural licuado (GNL) con la proyección de una regasificadora con capacidad de procesar dos millones de toneladas cúbicas al año.

En todos estos casos, la parte cubana será Unión Cuba-Petróleo (CUPET), organización estatal cubana encargada de satisfacer el suministro de combustibles y lubricantes al mercado nacional, formada por 41 empresas, cinco de ellas mixtas, y autorizada a llevar a cabo tanto operaciones de upstream como de downstream.

 

b) Fuentes renovables de energía

El Estado cubano reconoce como una de sus principales prioridades el empleo de fuentes renovables de energía (FREs) para lograr la disminución de la ineficiencia del sistema eléctrico, reducir la dependencia de combustibles fósiles, contribuir a la sustentación medioambiental y disminuir el alto coste estatal que supone la entrega de energía a los consumidores finales.

Actualmente, tan solo el 4,3 % de la energía eléctrica que se consume en el país proviene de FREs, frente al 74 % que se produce con combustible fósil. La apuesta cubana en las FREs se concentra en la biomasa, eólica, fotovoltaica, hidroenergía y biogás.

La República de Cuba dispone, en la actualidad, de las siguientes instalaciones: calentadores solares: 10.595; paneles solares: 9.456; molinos de viento: 9.343; plantas de biogás: 827; instalaciones hidroeléctricas: 169; centrales azucareras: 57; parques solares: 2; y parques eólicos: 4.

El Estado cubano prioriza así, las siguientes FREs:

(i) Biomasa. Es la primera de las prioridades en el cambio de la matriz energética. Con el objetivo de incrementar la venta de electricidad al Sistema Electroenergético Nacional, se ha estudiado y proyectado la instalación de 755 MW a través de 19 bioeléctricas en centrales azucareras para operar con biomasa cañera y forestal, fundamentalmente marabú. Se prevé que esas 19 bioeléctricas produzcan más de 1900 GWh/año.

(ii) Recurso eólico. Se ejecutó el Proyecto de Prospección y caracterización del potencial eólico cubano, que abarcó la instalación de una red de 88 estaciones automáticas de medición de los parámetros del viento a alturas de hasta 50 metros en 32 zonas del país y una red de 12 estaciones meteorológicas.

Se cuenta con el aval de la consultora internacional Garrad Hassan & Partners, a través de su sucursal Garrad Hassan Ibérica. A partir del recurso eólico disponible, Unión Eléctrica Nacional (UNE) ha estudiado y previsto la instalación de 633 MW en 13 parques eólicos con capacidad de producción de más de 1000 GWh/año.

(iii) Fotovoltaica. El potencial de radiación solar registrado en Cuba es de aproximadamente 5 kWh por metro cuadrado/día. Se han estudiado la instalación hasta 2030 de 700 MWp en parques solares fotovoltaicos conectados al Sistema Eléctrico Nacional. Cuba cuenta con una planta productora de paneles solares fotovoltaicos de 150 y 240 Wp en Pinar del Río, con una capacidad de producción anual de 14 MWp.

(iv) Hidroenergía. Se ha elaborado un programa para la construcción de 74 pequeñas centrales hidroeléctricas con más de 56 MW. Se estima una producción de 274 GWh anuales. Para la producción de pequeñas turbinas hidroeléctricas, existen capacidades en una planta con experiencia en la fabricación de turbinas hidráulicas hasta 325 kW.

(v) Biogás. El potencial actual de residuales orgánicos supera los 490 millones de metros cúbicos, provenientes de la producción anual, la industria alimentaria y los residuos sólidos urbanos. Es de máxima prioridad para el país la eliminación de la contaminación de ríos y cuencas hidrográficas, aprovechando estos residuales con fines energéticos.

c) Minería

El territorio nacional de Cuba está constituida por un mosaico de estructuras geológicas en los que se encuentran principalmente hierro, níquel, cobre, cobalto, plomo, zinc, oro, plata, manganeso y cromo. La minería, junto a la energía, supuso durante los últimos tres años el segundo sector con mayor inversión extranjera en Cuba.

Existen diferentes oportunidades en el sector, todas ellas mediante la modalidad de contrato de administración económica internacional, que abarcan la prospección y explotación a riesgo de metales preciosos –oro y plata-, metales base –cobre, plomo y zinc-, y otros metales en las regiones de Cuba Central, Holguín, Sierra del Plurial, Sierra Maestra e Isla de la Juventud.  También se abre a la inversión extranjera el estudio de factibilidad sobre el aprovechamiento económico de colas negras  y rojas en Holguín; y de procesamiento de material laterítico de níquel y cobalto en Pinar del Río, Camagüey y Holguín.

d) Transporte

La inversión extranjera en transporte supone uno de los retos más ambiciosos de la economía cubana presente y futura. Sector que ha jugado un rol protagonista durante toda la historia contemporánea del país. Las infraestructuras cubanas en transporte –automoción, ferroviario, marítimo-portuario y aéreo- se encuentran en pleno proceso de reestructuración, ordenación y modernización tecnológica. Cuba cuenta en la actualidad con 25 aeropuertos –de los cuales, diez son internacionales-, trece puertos marítimos, 60.000 kilómetros de vías para transporte de automoción, 8.000 de vías ferroviarias y 40 astilleros y varaderos, que requieren todo ellos de una importante modernización.

Por todo ello, se contempla para el inversor extranjero diferentes proyectos bajo la modalidad de asociación económica internacional en materia de transporte, que abordan servicios de operación y administración de instalaciones portuarias en Cienfuegos, Santiago de Cuba, Sancti Spiritus y Holguín; la administración de astilleros; y la modernización de equipamiento motor y de sistemas de inyección de combustibles.

e) Biotecnología

BioCubaFarma, grupo de empresas biotecnológicas y farmacéutica, cuenta con más de 21.800 trabajadores, más de 1.800 patentes inscritas en el exterior y exporta sus productos a más de 49 países. La política sectorial cubana en este sector pasa por promover proyectos en Cuba con socios estratégicos para la producción de las formas terminadas e ingredientes farmacéuticos activos de medicamentos genéricos.

Se han priorizado dos proyectos en este sector: la creación de una planta para la fabricación y comercialización de la vacuna contra la peste porcina clásica y la mejora de la infraestructura industrial en la producción de ingredientes farmacéuticos en la vacuna de la hepatitis B.

f) Construcción

El sector cubano de la construcción incluye la investigación ingeniero-geológica, diseño y montaje, construcción de obras civiles, industriales, de ingeniería, atraques y dragados, así como la producción y comercialización de materiales y productos de la construcción.

Se ha priorizado la producción de paneles ligeros a partir de fibrocemento para muros y la modernización de sistemas de ingeniería para construcción y montaje. También se proyecta la construcción de un complejo turístico inmobiliario de golf –Bellomonte-.

g) Ingeniería hidráulica

La apertura a la inversión extranjera en este sector supone una novedad. El ciclo integral del agua en Cuba está gestionado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y cuenta con 34.000 trabajadores en el país. Actualmente, la Asamblea Nacional del Poder Popular debate el proyecto de ley del agua y su reglamento.

Se ha priorizado la producción de grupos de medición de agua potable, la producción de piezas plásticas, la administración de la producción de tuberías lisas o corrugadas, y la reparación de los talleres nacionales de reparación de máquinas de soldar y equipos de bombeo.

h) Telecomunicaciones y audiovisual

El Gobierno de Cuba, dentro de los Lineamientos del Partido y la Revolución, considera “fundamental” las telecomunicaciones para su modernización dentro de una “sociedad socialista, próspera y sostenible”. El Gobierno cubano reconoce la necesidad de realizar inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones en Cuba para proporcionar y mejorar el acceso a internet, la transmisión de voz y datos, los servicios bancarios y las transacciones con tarjetas de crédito.

Hasta ahora, el Gobierno cubano no ha identificado inversiones concretas en dicho sector. Pese a ello y atendiendo a la ley y usos cubanos, existe la posibilidad de que el inversor extranjero pueda presentar su proyecto ante las instituciones cubanas competentes en dicha materia. El Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM) es el organismo encargado de proponer, y una vez aprobado, dirigir y controlar la política del Estado y el Gobierno para el sistema único de comunicaciones de Cuba, que comprende las telecomunicaciones, informática, radiocomunicaciones, servicios postales, automática para los sistemas de comunicaciones, gestión del espectro radioeléctrico y el aseguramiento técnico y de soporte. El MINCOM coordina además las actividades de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA), Telecomunicaciones Móviles, S.A. (MOVITEL), y Correos de Cuba.

ETECSA es la concesionaria única que ofrece servicios de telecomunicaciones en Cuba, y opera en exclusiva con los cuatro servicios de que existen en el país: telefonía fija, telefonía móvil -a través de CUBACEL-, telefonía pública y conexión a internet. Brinda servicios de televisión, radiodifusión sonora por frecuencia modulada, radiodifusión sonora en OM, radiodifusión internacional, móvil terrestre y móvil satelital. Apreciándose en la actualidad los primeros avances, de conjunto con el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), en el programa de despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) en el territorio nacional.

En relación al sector audiovisual, el Estado cubano aspira a fomentar el tránsito tecnológico de la televisión analógica a la digital. Actualmente existen cinco canales nacionales de televisión pública y en abierto, así como el canal internacional Cubavisión. También se fomenta el incremento de producciones audiovisuales cubanas y servicios exportables de producción.

La empresa RTV Comercial sería parte en empresa mixta para la construcción y montaje tecnológico de un foro de producción y coproducción audiovisual de alta definición en Managua, el establecimiento de un sistema de canales de pago para la televisión nacional cubana, y la producción y comercialización de soluciones tecnológicas audiovisuales destinada al sistema educativo interno y la exportación.

 

 

 

 

 

[1] La concesión administrativa es el título habilitante que otorga con carácter temporal el Consejo de Ministros de la República de Cuba para la gestión de un servicio público, la realización de una obra pública o la explotación de un bien de dominio público bajo los términos y condiciones que se establezcan.

[2] Regulado por Resolución nº 328 de 28 de octubre de 1996, del Ministro de la Construcción.

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