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El Gobierno dejó claro ya desde el Presupuesto alternativo para 2018, cuando el PSOE aún estaba en la oposición, que su intención era subir impuestos a las rentas más altas y hacer pagar más a las empresas. Sin embargo, aunque una vez en el Gobierno incluyó algunas de estas medidas, no llegaron a materializarse porque no salieron adelante los Presupuestos para 2019. Lo que plantea el Programa de Estabilidad es que el Gobierno, ahora con una posición de Gobierno más holgada, volverá a intentar aplicar esta subida.
En todo caso, el Gobierno está explorando de la mano de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la posibilidad de eliminar determinados beneficios fiscales que suponen una ahorro millonario para los contribuyentes y, al mismo tiempo, y alto coste para el Estado. De estos, están en estudio unos seis que tienen que ver con el IRPF y que suponen unos 13.000 millones de euros anuales, entre los que se encuentran deducciones de carácter social o la reducción por rendimientos del trabajo.
El Programa de Estabilidad 2019 – 2022 recalca que el rechazo de los Presupuestos de 2019 hace que “este año la evolución de los ingresos venga marcada por un contexto de ausencia de nuevas medidas tributarias”.
Pero por otra parte, en el Programa de Estabilidad, el Gobierno acota que: “Sin perjuicio de las decisiones presupuestarias que pueda adoptar el nuevo Gobierno para el año en curso, esta estrategia fiscal parte del escenario actual de prórroga presupuestaria en 2019 para el Estado y la Seguridad Social, al que se añaden las medidas ya adoptadas por el Gobierno”.
El Gobierno espera que los ingresos tributarios se eleven en 10.000 millones de euros en 2019, hasta los 218.249 millones, un 4,6% más. Además, será en 2020 cuando se pondría en marcha las medidas tributadas ya anunciadas, con un retorno en forma de recaudación de algo más de 5.600 millones de euros.
MEDIDAS FISCALES
IRPF
El PSOE considera necesario tener en cuenta en la declaración tributaria de la renta la capacidad económica derivada de la riqueza patrimonial. Insta a recuperar una tributación equitativa de las diferentes fuentes de renta y recuperar el IRPF como estimación global de la capacidad económica. Para ello, proponen integrar en una figura tributaria única la valoración del patrimonio, de forma homogénea y sin excepciones, con la tributación de la renta, corrigiendo las dobles tributaciones que pudiesen generarse.
Este modelo de gravamen integrado de la renta y el patrimonio persigue que las grandes fortunas, en particular, contribuyan a la financiación del gasto y la inversión necesarios para el funcionamiento del país.
En este sentido, el Ejecutivo ahora en funciones prevé un incremento escalonado de los tipos del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros y 300.000 euros.
Impuesto de Sociedades
El PSOE considera necesario aumentar la capacidad recaudatoria del Impuesto de Sociedades, a la vez que los tipos efectivos se acercan más a los nominales, eliminando los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones, controlando aspectos clave como los precios de transferencia o la deducción de gastos financieros. Mientras se acomete la reforma definitiva, se introduciría una tributación mínima para las grandes empresas de modo que contribuyan a recuperar la recaudación de este tributo.
Por lo tanto, el Gobierno insiste en el Programa de Estabilidad, que la idea es subir el Impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas y los grupos consolidados, pero no el tipo nominal, sino el efectivo, mediante la limitación de las exenciones para evitar la doble imposición, que resultan de aplicación a los dividendos y plusvalías generados en el exterior como consecuencia de su participación en sociedades filiales, pasando del 100% actual al 95%.
De este modo, se plantean subidas de impuestos a las grandes empresas, que en las Cuentas se materializaban en la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, del 18% para la banca y petroleras, y un gravamen del 5% a los dividendos del extranjero.
IVA
Existen tres grandes actividades productivas exentas del IVA en la economía española: educación, sanidad y servicios financieros. Para aumentar la recaudación, el partido propone que se supriman, teniendo en cuenta lo establecido en el marco de la normativa comunitaria, las exenciones del IVA actualmente reconocidas a todas las actividades de la sanidad y educación privadas no concertadas.
Otras medidas
- El PSOE mantiene la aplicación de un canon sobre determinados servicios digitales, la llamada ‘tasa Google‘. El proyecto que tramitaba el Congreso y que recuperaría gravaba un 3%.
- El PSOE también sostiene la creación del impuesto a las transacciones financieras o ‘tasa Tobin‘.
- Se plantea el impulso de la fiscalidad ambiental, aunque no se menciona la subida del diésel para equipararlo a la gasolina de los Presupuestos. El partido asegura que no ha abandonado este proyecto.
- Eliminación del denominado “impuesto al sol”, posibilitando así el protagonismo de los ciudadanos en la producción de energías renovables y en la mayor eficiencia en su consumo energético, con su correspondiente desarrollo normativo.
- Potenciar los incentivos fiscales por inversión en I+D+i en el Impuesto de Sociedades, de tal manera que un mayor número de grandes empresas perciban a las startups como vehículos de innovación. También buscan mejorar los incentivos fiscales en el IRPF para inversores particulares y business angels que inviertan en startups, siguiendo el modelo del exitoso programa británico de fomento del ecosistema startup SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme).
MEDIDAS LABORALES
- El Gobierno ha aprobado el mayor incremento en términos reales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta situarlo en los 900 euros/mes (14 pagas). El objetivo es que el Salario Mínimo Interprofesional alcance a corto plazo el 60% del salario medio en España.
- En el ámbito de la lucha contra la brecha de género en el mercado laboral se han ampliado los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación gradual del permiso a 8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021.
- La aprobación del Plan de Choque por el Empleo Joven, que incluye 50 medidas y dotado con 2.237 millones de euros, permitirá durante los próximos 3 años mejorar las oportunidades de empleo y formación a las y los jóvenes de nuestro país.
- Se ha recuperado el subsidio por desempleo para mayores de 52 años.
- Se ha establecido la obligatoriedad del registro horario, para evitar el fraude en los contratos, especialmente los contratos a tiempo parcial, y obligando al reconocimiento de las horas extraordinarias que actualmente no son pagadas ni reconocidas, además de ser impuestas unilateralmente por el empresario.
- Se ha recuperado la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan una edad de jubilación obligatoria, posibilidad que se había negado con la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular.
- Se ha elaborado un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI compatibilizando el crecimiento económico con la dignificación de las condiciones laborales. El nuevo Estatuto deberá estar acorde con los retos tecnológicos, sociales y ecológicos de este siglo, para garantizar la plena recuperación de los derechos laborales, el avance en la democracia y la participación de las trabajadoras y los trabajadores en las empresas, la necesidad de formación continua a lo largo de la vida laboral y para reforzar el papel de la negociación colectiva y del diálogo social.
- Pretenden abordar los problemas estructurales de nuestro mercado laboral: el paro de larga duración, la alta rotación, el exceso de temporalidad, la dualidad entre trabajadores temporales e indefinidos, la desigualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial. Para ello, se simplificará y reordenará el catálogo de contratos de trabajo a tres formas contractuales: indefinido, temporal y formativo. Se reforzará la causalidad en el uso de los contratos temporales y buscará contra “el abuso de los contratos de formación y los falsos autónomos”.
- Ha modificado el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen de acuerdo con sus ingresos reales. El Gobierno pretende seguir ampliando la protección social de este colectivo con la intención de equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena. Y, continuarán combatiendo la economía sumergida y el mal uso de algunas figuras societarias y laborales, y reduciremos ulteriormente las trabas y cargas administrativas y fiscales.
- Prevén impulsar la modificación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), de forma que ocupe un lugar central en las empresas, especialmente en los sectores con mayor siniestralidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género, valorando los riesgos profesionales específicos para la salud y seguridad de las mujeres; e incluyendo también a las trabajadoras y los trabajadores autónomos en la normativa.
Autor: Departamento de Comunicación
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